La ley violeta
Sin duda, conforme la humanidad evoluciona con el transcurso del tiempo, también involuciona hacia sus bajos instintos al verse favorecido por facilidades tecnológicas y estratégicas. Si bien a lo largo de la historia siempre han existido guerras de todas las tallas por la libertad y la equidad, en pleno siglo XXI aún no es enteramente alcanzada aquella paz que constantemente se ve asechada por el placer y el poder. Aunque sea tema de polémica la inclusión racial, religiosa, de género, étnica, laboral, idiosincrática, etc., desde tiempos inmemorables la víctima lucha por la equidad y la justicia, mientras el poderoso lucha por el sometimiento y el poder.
Mientras diversas luchas por la equidad han sido libradas desde hace siglos como la libertad, la abolición de la esclavitud, la desaparición del racismo y el voto de las mujeres, otras tienen menos del siglo causando real estruendo como los homicidios de personas LGTB+, feminicidios, pedofilia y trata de personas, zoofilia y maltrato animal, cambio climático, inclusión, la libertad femenil en el islam y equidad de género. Pero, ¿a quién buscamos equiparar? ¿La víctima al opresor o el opreso a la víctima? ¿A quién buscamos hacer igual a quién?
Todo esto se concentra en el intento humano de aplicar la justicia a cualquier ámbito y proceso social, siendo ella la representante por excelencia de lo que llamamos equidad. Y en este artículo lo que pretendo abordar es una de las luchas presentes en este mes dado que no hace mucho tuvo lugar el movimiento feminista el 8M, siendo mi primera participación física en la misma. La marcha representa una lucha poderosa que guarda en lo profundo una dura pena de muerte y violencia de toda índole. Este año observé complacida como los colectivos se habían casi disuelto para homogenizarse en la búsqueda de un mismo objetivo: la justicia, la equidad y la libertad de la mujer. Si bien en los años iniciales de la marcha existió un fuerte debate entre grupos encontrados, tales como pro vida y aborto legal, grupos conservadores contra LGBT, así como la exclusión de cualquier varón, conforme evoluciona la lucha, así lo ha hecho la unanimidad y la organización.
En México, lo que se busca con las protestas y las leyes incipientes como justicia en nuestros días no es más que una llamada de asilo ante la constante amenaza y desventaja que supone el ser mujer. Sin importar nuestra apariencia, orientación sexual, gustos u ocupaciones, la mujer está en constante peligro por representar lo que la sociedad machista considera un objeto o la entidad débil. Ya no solo es una exigencia ante las injusticias laborales, financieras, sociales y culturales, sino una llamada al cambio para evitar vivir bajo constante acoso y peligro, o ser víctima potencial ante cualquier individuo masculino, siendo la familia uno de los principales ambientes donde se presentan los casos de acoso y violación.
Esta lucha se resume en un movimiento que lleva siglos gestándose pero solo algunas décadas llamando real atención: feminismo. Probablemente la desinformación, la manipulación mediática y los grupos radicales pueden haber otorgado a la palabra “feminismo” un tono violento, exagerado y destructor, es esa misma palabra la que ha permitido dar paso a cuatro leyes importantes que han sido aprobadas en México, desgraciadamente a base de la victimización y lucha de las autoras de las mismas.
Ley Olimpia
La “Ley Olimpia” no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia o violencia digital.
Por su parte, se entiende como violencia digital aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.[1]
Esta Ley se aprobó a raíz de la difusión de material íntimo de Olimpia Coral, cuando una pareja afectiva divulgó un video privado con contenido sexual que rápidamente se viralizó en México. Este episodio tuvo repercusiones emocionales en Olimpia, quien enfrentó una fuerte depresión donde deseaba constantemente el suicidio hasta que decidió luchar.
Ley Ingrid
La “Ley Ingrid” surge a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de un feminicidio ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2022; la divulgación masiva del cuerpo de Ingrid mutilado conmocionó a la sociedad que indignada exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía.
Esta ley establece en el Artículo 293 Quarter que, quien indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, indicios, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, se enfrentará a entre dos a seis años de prisión y una multa de 500 a mil UMAS.[2]
Ley Monzón
A través de reformas al Código Civil y al Código Penal, es como se planea quitar la patria potestad de menores a los padres que resulten vinculados como feminicidas. La ley Monzón expone que en cuanto el feminicida reciba sentencia condenatoria, sus derechos de la patria potestad, tutela, guardia y custodia se disolverán definitivamente. Lo que incluye las visitas de régimen, cualquier tipo de convivencia y los derechos alimenticios. En ese sentido, las razones más fuertes por las que se intenta sea aprobada la ley, es para poner en primer lugar el de los niños, las niñas y los adolescentes.[3]
Monzón fue atacada cuando circulaba a la altura de Camino Real a Momoxpan y Periférico, en el municipio conurbado de San Pedro de Cholula, en Puebla.
Ley Malena
De 8 a 12 años de prisión más 300 a 700 UMAs de multa a quien cause daño a otra persona usando cualquier tipo de agente o sustancia química, corrosiva, tóxica, inflamable, incluyendo álcalis, ácidos, irritantes, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que provoque lesiones.[1]
Hasta marzo de 2023, 39 mujeres sufrieron ataques con ácido. Se pudieron contar gracias a que las víctimas denunciaron; pero también hay otro tipo de agresiones similares: en 2022 se registraron 105 casos, pero con otras sustancias corrosivas, de los cuales únicamente se interpusieron 28 denuncias ante el Ministerio Público, según datos de la Fundación Carmen Sánchez. Ante estos hechos, víctimas y activistas crearon iniciativas como la Ley Malena, que lleva el nombre en honor a María Elena Ríos, la saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido en 2019 en Oaxaca.[2]
A pesar de las regulaciones y normas, las autoridades recomiendan dar seguimiento riguroso a los casos ya que es común que los delincuentes sean impunes y los casos olvidados. Por ello, involucradas en estas normas y regulaciones están la Red de Abogadas Violeta, Asociaciones Civiles, El Frente Nacional para la Sororidad, así como los colectivos Luchadoras, Marea Negra, Bloque Negro, Colectiva Ácrata Feminista, entre muchos otros. Puedes encontrar un directorio feminista en la siguiente dirección: https://ciss-bienestar.org/v2019/wp-content/uploads/2020/05/el-machismo-no-esta-en-cuarentena-directorio-feminista_.pdf.
[1] Ficha técnica Ley Olimpia: http://ordenjuridico.gob.mx/violenciagenero/LEY%20OLIMPIA.pdf
[2] https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=12385 [1]
[3]https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/03/que-es-la-ley-monzon-y-por-que-es-importante/
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