¿Cómo evaluar la viabilidad en nuestra propuesta de política pública?
En la entrada anterior comentamos sobre el proceso para proponer políticas públicas, sin embargo, faltó destacar un elemento fundamental sobre ello: la viabilidad. A pesar de que las ideas sean buenas y las intenciones aún mejores, si las propuestas no son realizables todo el trabajo de investigación y análisis será en vano. De hecho, lo ideal sería que de manera paralela a los pasos que mencionamos en la entrada anterior, hiciéramos una revisión de la información que tenemos a la mano: antecedentes, casos de éxito, indicadores en nuestro contexto, presupuestos disponibles, entre otras cosas.
Si bien es nuestro derecho como parte de la ciudadanía informarnos y proponer acciones a quienes nos representan, también es cierto que en el caso de estas consideraciones suele ser responsabilidad de asesores, consultores o políticos el identificar si se puede y cómo llevar a cabo estas propuestas. Es por ello que las personas que se enfocan a esa tarea deben estar preparadas de preferencia con maestrías económico administrativas, como algún posgrado en administración pública.
Debemos revisar, entonces, si nuestro proyecto es factible en varios aspectos:
• Presupuestal. Evaluar la cantidad de recurso necesario para llevar a cabo nuestra propuesta de política pública no sólo nos servirá para planificarla mejor, sino para determinar cómo se puede gestionar lo necesario, a través de qué fondos y/o dependencias.
• Socioeconómico. No sólo basta con tener la capacidad monetaria para realizarla sino valorar su relevancia tomando en cuenta costos sociales, así evitamos causar problemas por solucionar otros. La perspectiva en derechos humanos es fundamental en este punto.
• Legal. Entender nuestro marco legal (lo contenido en la Constitución Política, normas o reglamentos) hará que nuestra propuesta se ajuste a nuestro contexto y se aplique con mayor rapidez, pues no se precisa modificar la ley. O, si es necesario, hará que podamos justificarla de mejor manera y llevemos el debido proceso.
• Política. Para que nuestra propuesta vea la luz, es recomendable conocer los intereses y el poder que tienen las personas, grupos u organizaciones que se posicionarían a favor o en contra. Ajustarla a los planes de desarrollo nacionales y estatales que se encuentren vigentes puede ser de mucha ayuda.
• Ambiental. Antes de tomar acción, se deben contemplar estudios de impacto ambiental en caso de ser necesario, para contemplar el daño al medio ambiente que pudiéramos ocasionar y cómo adecuar nuestra propuesta para disminuirlo.
• Administrativo. No sólo podemos enfocarnos en los recursos económicos: los recursos organizacionales y técnicos cumplen una parte muy importante en la ejecución de una política pública. Nada más triste que un presupuesto autorizado sin una base organizada y sólida que sea capaz de ejecutar adecuadamente un proyecto.
Vale la pena aclarar que estos factores no deben ser un filtro para eliminar ideas, por el contrario: el experto en administración pública toma estas consideraciones para fortalecer nuestra propuesta y que logre verdaderamente garantizar los derechos de toda la ciudadanía desde enfoques transversales. Si una propuesta de política pública no cumple con todo lo anterior, es obligación del especialista en políticas públicas establecer alternativas de acción para perfeccionarla.
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