Impulsar políticas de cuidado con justicia

Durante los últimos años hemos presenciado o protagonizado varios revisionismos en torno a nuestra historia y nuestras sociedades. Estos revisionismos son necesarios en términos de avance hacia resignificar diversos hechos y cambiar otros, en tanto que podemos identificar los cambios necesarios que han de hacerse en pos de acercarnos más a la justicia social. Una de esas revisiones han sido los trabajos de cuidado.

Si bien el tema no es nuevo, sí se ha hecho lugar en la coyuntura política de México en los últimos años. Ya lo decía Flora Tristán desde el Siglo XIX (precisamente en otro contexto de lucha por la paridad de género): «Hay alguien todavía más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero». Se entiende que, en un marco de conciencia de clase y luchas por condiciones dignas de trabajo, esta reflexión pone sobre la mesa la necesidad de hacer el análisis de clase a la par del análisis de género.

Hoy por hoy este análisis transversal sigue cobrando relevancia. El hecho de que las labores de cuidado estén socialmente asignadas a las mujeres, y ese componente social se traslade a las condiciones laborales diferenciadas y a las políticas públicas, es un tema de urgencia a resolver. Del mismo modo, que liberarse de esa carga exclusiva de cuidados implique para mujeres con cierto privilegio de clase contratar bajo condiciones injustas a mujeres de clase baja es también un problema a atender, justo bajo esta perspectiva transversal.

El problema no radica en que las labores de cuidado sean indignas, sino que se socializan como «menos importantes» a pesar de que son extenuantes. En 2018 con el estreno de la película Roma, organizaciones de la sociedad civil como Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), la organización Semillas y Por Un Trabajo Digno utilizaron la historia de Cleo y la atención que tuvo la película para impulsar un debate en torno a las condiciones laborales de las personas trabajadoras del hogar, y gracias a esta coyuntura la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional y discriminatorio que quienes contratan empleadas domésticas no estén obligados a inscribirlas ante el IMSS, con lo que esta institución lanzó programas para el registro de las trabajadoras.

Definitivamente hay un largo camino por recorrer, pero comenzar a visibilizar el reparto injusto de las obligaciones y del reconocimiento por ellas no tiene una carga meramente social, sino que es ante todo un tema de política pública. Si te interesa el tema, te invitamos a formar parte de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana Tijuana.

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