La universalidad se alcanza desde la particularidad

Hay algo que tienen en común la ropa y las políticas públicas: no es cierto que una talla queda a todas las personas. Regularmente cuando se discuten estrategias para la solución de un problema que requiere el involucramiento del Estado, pareciera que todos tenemos la respuesta, y pareciera que ésta es muy obvia. Sin embargo, esas obviedades escapan a las acciones gubernamentales porque resulta que las respuestas no son tan evidentes y las soluciones no están tan al alcance.

Un error común que se comete, ya no por la ciudadanía sino incluso por quienes desarrollan política pública, es el de pensar que una medida exitosa una vez o en otro contexto lo será siempre. El principio de universalidad de los derechos humanos (sobre los cuales se llegan a generar políticas públicas para garantizarlos) implica justamente el reconocimiento del contexto, de las particularidades de los individuos y sujetos de derecho sobre los cuales se quiere tener una incidencia.

Una de las críticas realizadas a ciertos diseños de política pública es que se busca atender desde una perspectiva colonial, occidental o desde esferas ajenas a los sujetos de derechos. Para lograr la accesibilidad a los derechos (digamos, por ejemplo, al del ejercicio del voto o a la educación) es necesario contemplar las barreras que existen para que determinados individuos tengan acceso a este derecho, considerando también la pertinencia de las medidas que se tomen para garantizarlo. Esta pertinencia implica contemplar las diferencias culturales, materiales y de cosmovisión.

Pensemos, por ejemplo, en el acceso a la educación para comunidades indígenas, no basta con colocar una escuela en la comunidad, sino que se debe contar con el personal docente adecuado, los materiales, garantizar la electricidad, en determinados casos garantizar (cuando menos) un traductor a la lengua materna de los estudiantes, entre otras consideraciones.

Otro ejemplo: la propuesta de distribuir de manera gratuita copas menstruales a mujeres en condición de pobreza extrema para garantizar una menstruación digna, lo que va asociado con el derecho a la dignidad de la persona y a su vez al de la salud, resulta insuficiente si consideramos que para el uso correcto de las copas se deben esterilizar en cada ciclo. Si no se cuenta con agua limpia, gas o electricidad, se convierte en un gasto inútil en lugar de una inversión presupuestal.

La política pública debe conllevar una serie de consideraciones detalladas y particulares que demandan el conocimiento de las poblaciones objetivo y de los sujetos de derecho. Si te interesa profundizar en las estrategias y herramientas para generar políticas públicas efectivas y estratégicas para garantizar, proteger y promover los derechos ciudadanos, te invitamos a formar parte de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas que la Universidad Iberoamericana Tijuana tiene para ti.

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